Ataque a la libertad de expresión en la red

Ni tres días después de que Alex de la Iglesia reconociera en la gala de los Premios Goya que internet es la salvación del cine y que no resulta conveniente atacar a sus moradores, a fin de cuentas, los mismos consumidores que luego llenan las salas, los dos grandes partidos políticos españoles, con la colaboración de CiU, han dado luz verde en el Congreso a la Ley Sinde tras pasar con éxito el rebote al Senado, y pese a la clamorosa oposición de los internautas. El nuevo texto, aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y CiU y la oposición de PNV, ERC, ICV-IU, BNG, UPyD y CC, incorpora varias modificaciones para satisfacer a sus ahora convertidos valedores. Lo más reseñable es la necesidad de que un juez apruebe la petición de los datos de los supuestos infractores de los derechos de autor a sus proveedores de servicios (las empresas de hosting). Además, se establece un plazo de 48 horas para que los proveedores retiren los archivos "nocivos" o presenten alegaciones, periodo tras el cual pasarán un periodo de observación de ocho días; pasado este plazo, se presentará un informe que después será valorado por una comisión para su exposición al juez correspondiente. Lo parte más importante de esta ley que no es tal (porque en realidad se trata de un conjunto de cambios sobre leyes ya existentes) es que obligará a la justicia a tomar la decisión sobre el cierre de páginas webs en un plazo máximo de cuatro días (dos para convocar a los afectados y otros dos para dirimir el caso), basándose en las exposiciones de una comisión nombrada por el Ministro de Cultura. El texto prevé la desconexión de sitios en caso de que el prestador de servicios "actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Con esta medida ambigüedad, el Ministerio de Cultura intenta saltarse las trabas que las organizaciones de derechos de autor han encontrado en su lucha contra la descarga de archivos; dado que no es ilegal compartir contenidos protegidos sin ánimo de lucro, ahora basta con que dichos links sean "susceptibles de causar un daño patrimonial". Las reacciones a la Ley Sinde ya son visibles. La Asociación de Internautas ha anunciado que recurrirá el texto por inconstitucional, mientras que a pie de calle (¿línea?) se está engendrando un movimiento de repulsa y castigo electoral contra los principales partidos políticos. La ley ha sido aprobada, pero Sinde todavía no puede cantar victoria.

Fuente: Engadget